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Giacomo Marchetti – Rete dei Comunisti
Una cosa era cierta incluso antes de la votación: cualquiera que fuera el gobierno surgido de la mayoría que ganó en las urnas el 25 de septiembre habría tenido que enfrentarse a una agenda densa, en un periodo sin precedentes, para responder a los deseos de Bruselas y Fráncfort, por un lado, y de Washington, por otro -casi nunca coincidentes-, además de los inmensos problemas que plantea la crisis.
Y en este estrecho camino el “gobierno de Meloni” comenzará -quizás- a dar sus primeros pasos. Tendrá unos márgenes de maniobra muy estrechos que, previsiblemente, pronto provocarán la habitual erosión del consenso electoral acumulado por estar en una falsa oposición, profundizando así en una crisis política cuyo momento y forma serán bastante imprevisibles.
La situación actual de estancamiento económico se dirige efectivamente hacia la recesión.
Las sombrías previsiones de la agencia de calificación Fitch sobre el PIB en 2023 no son más que el último capítulo de una serie de revisiones a la baja iniciadas por una serie de grupos de reflexión y agencias de calificación.
La “leve recesión” de la que hablaba Confcommercio hace una semana es un oxímoron, una contradicción en los términos, elaborada para restar importancia a una situación que es mucho menos halagüeña.
Según el Sole24Ore del domingo, “muchos observadores prevén un signo negativo para el último trimestre del año, con lo que las estimaciones oficiales para 2023 no pasarán del 0,7-0,8%”.
Este viernes se espera la calificación de Moody’s, que ya ve la deuda italiana en el último escalón antes del nivel de los títulos considerados de mayor riesgo, en la jerga “no grado de inversión”.
Y como sabemos, el voto de los mercados influye mucho, en las antiguas democracias occidentales, en el resultado que sale de las urnas. Tanto es así que, desde hace algunas décadas, se dice que la “soberanía” reside en los mercados, ya no “en el pueblo”.
Los signos de ralentización que preceden a la recesión son ya plenamente visibles en el sector básico de toda economía -la industria manufacturera-, que ha crecido apenas un 1,2% en siete meses debido a una situación económica deslucida, ya que incluso antes de la escalada bélica del pasado mes de febrero, algunos fenómenos como la inflación y la interrupción de muchas cadenas de producción se estaban haciendo crónicos.
El aumento de los precios de la energía, y en cascada de todos los demás, así como el violento endurecimiento monetario tras años de flexibilización cuantitativa, han dado el golpe final a la ilusión de una rápida recuperación postcovida de una economía industrial que, en cualquier caso, nunca había alcanzado los niveles anteriores a la crisis de 2007-2008. Los que pagan el precio más alto son, naturalmente, los sectores más intensivos en energía.
Un detalle que a menudo se subestima: el coste de la energía para las manufacturas italianas ha superado los 76.000 millones, es decir, casi 50.000 millones más que en el mismo periodo de 2021, lo que ha hecho que la balanza comercial pase de un superávit de 37.000 millones a un pasivo de casi 14.
Traducido: el coste de la energía aniquila un sistema de país -vinculado principalmente a las cadenas de valor franco-alemanas- que había hecho de la estrategia orientada a la exportación de productos de bajo valor añadido el alfa y el omega de su política industrial.
De ello se benefician, por ejemplo, en lo que respecta al gas, principalmente dos países de la OTAN no pertenecientes a la UE: Noruega y, sobre todo, Estados Unidos, que nos venden tres veces más gas de esquisto que el que pagábamos de Rusia.
En comparación con los precios anteriores a la crisis, los valores (Pun, precio único nacional) se han multiplicado casi por nueve en el caso de la electricidad, y por dieciséis en el del gas, que pasó de 12 euros por MWH en septiembre de 2019, a casi 200 en la actualidad (¡después de picos aún más altos!).
Y aquí se comprende la miopía -digamos- de no haber iniciado a tiempo ninguna “transición ecológica”, que, por el contrario, será parcialmente “sustituida” por el carbón, el gas de esquisto e incluso la vuelta a la energía nuclear.
Una idiotez, por tanto, no sólo respecto al infarto ecológico del planeta, sino también para la economía tout court, y que va de la mano de la elección de privatizar el mercado energético.
Si Francia ha renacionalizado EDF y Alemania está haciendo lo mismo con el gigante energético Uniper, ¡aquí se sigue tachando de veterobolchevismo esa opción!
Y las facturas, a partir del 1 de octubre, van a seguir subiendo, y no sólo un poco, mientras que el fenómeno de la “morosidad por necesidad”, incluso para los usuarios de los condominios, parece tener ya un impacto creciente.
La inflación interanual en agosto alcanzó el 8,4% en Italia, y va a aumentar; ha alcanzado niveles que no se veían desde 1985, más o menos en media con la de la zona euro.
Podríamos seguir, pero no es necesario.
En pocas palabras, la situación es mala, y sin resolver las causas que la generaron (la guerra y los mecanismos especulativos propios del mercado privado de la energía primero como peso y último como tiempo), nuestro país será la olla de barro entre las ollas de hierro de la UE -Alemania y Francia- y permanecerá en el polo sufriendo las condiciones que se le impongan para el relanzamiento del eje franco-alemán.
El probable futuro Primer Ministro tendrá que enfrentarse a una carrera de obstáculos inmediata que incluye la aprobación de la Ley de Presupuestos en un tiempo récord: teóricamente, el Parlamento, que tomará posesión el 13 de octubre, deberá enviar su propio programa presupuestario (Nadef) dos días después a la UE, que se deslizará pero que, en cualquier caso, deberá completarse en menos de un mes, y estará naturalmente bajo “vigilancia especial” (tanto por el peso de la deuda pública como por el carácter “incierto” de la “nueva clase política”).
Digamos que tendrá que hacer un simple “copy-paste” de lo que le propone la UE, basándose en los estrictos mecanismos del Pnrr (cuotas de préstamos frente a “reformas” indicadas una a una).
En noviembre habrá un control de las cuentas por parte de la UE. Una comprobación importante, ya que el BCE condiciona la posibilidad de acogerse al TPI (el nuevo escudo antidifusión) a la consecución de los objetivos e hitos -es decir, los puntos de calificación- del PNR, así como a la ausencia de desequilibrios macroeconómicos.
Como es de esperar, la Comisión se mostrará bastante impositiva al querer que se cumplan las “recomendaciones” formuladas en mayo, y de hecho examinará la Ley de Presupuestos y el progreso del PNR al mismo tiempo, como condición previa para acceder al tercer tramo de “ayuda” de la UE de nueva generación.
Deben cumplirse 55 “objetivos” antes de que finalice el año, 29 de los cuales fueron probablemente alcanzados por el gobierno saliente.
Uno de los obstáculos más duros será sin duda la aprobación de la “ley de la competencia”, que también afectará a los intereses de la base social de la coalición de centro-derecha: piensa en las concesiones de las playas. Será un baño de sangre en las concesiones públicas.
No es peregrino pensar que, al igual que con la Ley de Presupuestos, alguien dará “indicaciones” convincentes sobre cómo alcanzar los quince objetivos del PNR que aún quedan por completar.
Con la recesión que se avecina, la imposición de la reducción de la deuda en porcentajes crecientes frente a un PIB en descenso, y los parámetros muy estrictos establecidos en Bruselas para entrar en la categoría de los salvados y no de los sumergidos, está claro que el margen de maniobra será muy estrecho.
Probablemente se adelgazarán aún más, teniendo en cuenta la necesidad de perpetuar algunas medidas muy pálidas que el anterior ejecutivo había tomado para paliar el creciente empobrecimiento: la rebaja del 2% de la cuña fiscal para las rentas de hasta 35.000 euros, la conversión de la ayuda Dl-ter con el último apoyo contra el alto precio de la energía, la indexación de los cheques de pensiones, el fondo de despido, etc.
Por no hablar de una larguísima serie de “ayudas a las empresas”…
Digamos de paso: a partir del primero de enero del año que viene, volveremos a la ley Fornero en bruto, desechando la “cuota 102”, la “opción femenina” y el “Ape sociale”.
En lo que respecta a la política exterior, el octavo paquete de sanciones contra Rusia será objeto de debate en la UE, y de una posible nueva escalada, teniendo en cuenta el gran salto (y el riesgo) tras la aprobación de los referendos de adhesión a Rusia de las dos repúblicas autoproclamadas del Donbass y de los demás territorios ahora bajo control de la Federación.
En los dos Consejos Europeos previstos para octubre, habrá un reparto “forzoso” entre el gobierno saliente y el entrante, pero está claro que las decisiones que se tomen no serán ciertamente atribuibles a la administración ordinaria: Giorgia bailará al son de la música que toque Draghi.
Por tanto, ya en los primeros meses, el nuevo ejecutivo tendrá que asomar el cuello a la doble cuerda euroatlántica, disgustar a una parte nada despreciable del bloque social que le ha votado, y asumir una temperatura social recalentada.
El 2 de diciembre habrá una huelga general de todo el sindicalismo de base y conflictivo, pero las movilizaciones contra el precio de la factura alta y el movimiento estudiantil pueden deparar sorpresas. Positivos, desde nuestro punto de vista.
Los eslóganes à là Meloni no servirán esta vez, y no se tolerará ningún intento, por improbable o irreal, de “alzar la voz en Bruselas”.
Por otra parte, Ursula von der Leyen ya había advertido de las “herramientas” de que dispone la UE, haciendo gala de la lógica de usurero más grosera de la que puede hacer gala un ordo-liberal.
Meloni, antes de convertirse en PM, ya es un pato cojo que tendrá que contar con sus aliados en una lógica de hermanos de cuchillo, con la típica dinámica irracional que caracteriza a los políticos actuales, como ya demostró la elección paroxística del Presidente de la República.
El momento de la futura crisis de gobierno no es ciertamente previsible, y está claro que la tarea de una oposición sociopolítica -en este caso totalmente “extraparlamentaria”- es acelerar el proceso de desintegración del ejecutivo antes de que nazca y construir una alternativa a un batiburrillo postfascista que se mantendrá en pie.
No intentarlo sería un error peor que un crimen.